La seguridad, después de la situación económica y social, es el segundo tema de agenda en la provincia y en el país. Por eso se entiende la desesperación que tienen los funcionarios provinciales y nacionales para demostrar que se están ocupando del tema. El problema radica en que las iniciativas que se están tomando son meros parches cuya implementación no asegura que las cosas cambiarán.
La administración de Javier Milei sigue empecinada con endurecer las leyes. Es el hit de su gestión. Es la “música” que quiere escuchar el electorado. Dictar normas es sencillo. Lo complicado es hacerlas cumplir y, muchos más, buscar alternativas para que las personas no elijan a la delincuencia como forma de vida. Nunca se solucionará el problema de fondo si la política es llenar de presos las cárceles argentinas.
La ministra Patricia Bullrich anunció con bombos y platillos una ley para acabar con la “reiterancia”. Con esa rimbombante palabra busca que las personas que tengan causas abiertas se les dicte la prisión preventiva por largo tiempo. En Tucumán hubo un intento de hacer algo similar. Fue una norma que buscaba bajar los índices de arrebatos, rompevidrios y escruches. Han pasado más de 10 años de ese intento y los motochorros siguen generando la mayor cantidad de delitos contra la propiedad en la provincia. Los índices de robo en casas sin moradores no se bajaron con esa iniciativa, sino con la detención y condena de varias bandas, entre ellas, la conocida como “La industria del escruche”.
Lo que sí garantiza el fin de la impunidad o la puerta giratoria es la persecución penal. Así quedó demostrado en nuestra provincia con la aplicación del nuevo código procesal penal. Antes de que se pusiera en marcha, una “mechera” podía reunir más de 20 causas en su contra, pero ninguna condena. Hoy, con el nuevo digesto, en menos de seis meses se resuelve su situación procesal. La primera condena, con seguridad, será condicional, pero la siguiente terminará tras las rejas con una pena más dura y efectiva.
Por esa situación, cada vez son más los tucumanos con problemas legales en Santiago del Estero, Salta, Mendoza, Buenos Aires y hasta en la mismísima Rosario. “No les queda otra que emigrar, porque si caen aquí están en el horno, pero si son detenidos en otras jurisdicciones, pueden eludir el accionar judicial por un tiempo”, explicó una fuente policial. Las estadísticas también juegan a favor de esta teoría. Entre 2015 y septiembre de 2020, con el viejo código se dictaron 2.545 condenas, mientras que en los últimos tres meses de 2020 y hasta diciembre pasado fueron 8.739.
Otra idea
“Ley antimafia” es otro de los proyectos que la ministra Bullrich intenta que se apruebe lo más rápido posible. Es la herramienta legal con la que pretende acabar con las bandas organizadas, especialmente a las que se dedican al narcotráfico, aplicando las penas más duras. En nuestro país existen normas que combaten a estos grupos. El problema es que no hay decisión política ni apoyo suficiente para que el Estado pueda luchar contra estas organizaciones.
Estos son delitos federales, por ende, deben ser investigados por el fuero nacional. En Tucumán hay varios ejemplos sobre esta cuestión. El bueno, la caída del clan Ale por una causa de lavado de activos de fondos provenientes de actividades ilícitas como usura, prostitución y narcotráfico, entre otras. Los malos, la falta de investigación al clan Caro que durante años exhibió su crecimiento económico, pero sólo en 2023 varios de sus miembros fueron condenados por robo por la justicia ordinaria. Nunca se hizo nada contra aquel tucumano que se mostró en las redes sociales con pesadas cadenas de oro y alentando a la Selección en diferentes continentes y en el Mundial de Qatar. Su nombre aparecería vinculado a grupos rosarinos, pero nadie se fijó en él.
La Justicia Federal cuenta con la Procuradoría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) fueron creadas para perseguir a estas organizaciones. Su objetivo es precisamente desarticular a estas bandas y descubrir todos sus bienes para cortar con su financiamiento, el mejor recurso con el que cuentan las autoridades para derrotarlos. El NOA, la principal puerta de ingreso de la cocaína al país, no cuenta con ambas oficinas, sólo en Salta funciona una sede de la Procunar. Sí colaboran con los fiscales, pero el cúmulo de expedientes que deben analizar retrasa todo. Lo mismo sucede con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Unidad de Información Financiera (UIF), otros organismos claves para luchar contra los que trafican droga.
¿Para qué?
El ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona anunció que en seis meses la Justicia Federal comenzará a utilizar el nuevo código procesal penal nacional, el mismo sistema que se aplica con éxito en la provincia. Pero Tucumán es Tucumán. Es muy poco probable que se pueda aplicar en estas tierras por un solo motivo: no tiene los recursos humanos para hacerlo. Supuestamente, desde hace varios años, este fuero debería tener tres fiscales, tres jueces y tres magistrados del Tribunal Oral Federal, pero apenas si cuenta con cuatro de los nueve operadores judiciales.
Modificar la Ley de Seguridad Interior para utilizar a las fuerzas armadas es otra de las medidas que desató polémica entre los mismos funcionarios del PE. La ministra Bullrich considera que los narcos de Rosario cometieron actos de terrorismo. Por eso pidió colaboración a su par de Defensa Luis Petri que no dudó en enviar todo tipo de recursos a esa ciudad, pero también aclaró que no participarán en la lucha contra el narcotráfico. Los efectivos de la FF.AA coparon, junto a los de las fuerzas federales, las calles de la también llamada “Chicago argentina” y los resultados fueron categóricos: desde su arribo no se registraron homicidios.
Ante este panorama surgen interrogantes: ¿Hasta cuándo se extenderá ese operativo? ¿Se retirarán en un mes y todo volverá a ser como antes de su llegada? ¿Qué pasa con los transas que también generan terror en barrios de todo el país, incluido Tucumán? ¿Cuál es el plan que pondrán en marcha una vez que se desarticulen las organizaciones narcocriminales? Son preguntas que por el momento no tienen respuestas. Pero otra vez, una reflexión realizada hace casi una década por la jubilada fiscala Adriana Giannoni, cobra vigencia: “en este país no hacen falta más leyes, sino que se hagan cumplir las que existen”.